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Digesto Jurídico Municipal

Tipo ORDENANZA MUNICIPAL  
Estado VIGENTE  
Organismo emisor CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ALLEN  
Promulgación EXPRESA TOTAL  
Fecha de la promulgación 28/12/2020  
Publicación BOLETIN OFICIAL Nº: 005/2021-(00901)  
Fecha de la publicación 22/01/2021  
Observaciones  
Carácter PERMANENTE  
Alcance GENERAL  
Fecha en que se analizó 22/01/2021  
Controlado por INTENDENCIA  
Fecha en que se controló 22/01/2021  

Ordenanza Municipal N°111/2020.C.D.

Allen, 11 de Diciembre de 2020.

VISTO: 

La preocupante situación que atraviesa la actividad política en nuestro país; y 

CONSIDERANDO: 

Que, la sociedad argentina nos ha dado, y da, claras señales de hartazgo frente a la corrupción del Estado, corrupción ejercida por Funcionarios, electos o no, que muchas veces atraviesa, transversalmente, a la política y la coloca en un terreno de desprestigio integral y generalizado del que debe salir, para poder abocarse seriamente a la tarea de construir un país mejor para todos los argentinos; ello, sin contar con los daños estructurales que la corrupción le produce al aparato estatal y productivo del país, a partir de la generación de ineficiencias y exclusión, gastos indebidos, costos altísimos, desigualdades e inequidades, a través de las cuales se daña el tejido social y la credibilidad nacional; 

Que, no es muy difícil de comprender, que un costo sobrestimado en miras de beneficiar un “acuerdo encubierto” entre un proveedor privado y el Estado, representados por un lobista privado y un Funcionario dispuesto a recibir beneficios ajenos al producto de su propio trabajo, redunda en un costo adicional que, inevitablemente, se carga sobre los hombros de los miles de ciudadanos que, cotidianamente, aportan con sus impuestos y su trabajo al mantenimiento de su país, a la espera de recibir los beneficios generales del mismo; 

Que, hemos presenciado como, en muchas oportunidades, se subestima la trascendencia de este tipo de actos de la mano de la “sentencia nunca firme” o, lisa y llanamente, de la justicia ciega, que mira para otro lado y no actúa a la altura de las circunstancias ni con la celeridad que este tipo de casos amerita, en orden a proteger los valores más elementales de convivencia en una sociedad civilizada y que se precie de proba; 

Que, vale aclarar que no se plantea el ejercicio de la justicia por caminos alternativos a los establecidos por nuestra Constitución y la división de Poderes de una República, ya que no se busca establecer un atajo en el ejercicio del   derecho penal. Se propone un abordaje responsable en otro de los derechos ciudadanos trascendentes en una democracia; cual es el “derecho electoral”, en pos de un bien mayor, que es el bien común de una dirigencia honesta, para la sociedad en su conjunto; 

Que, se trata entonces, de una adecuación normativa que inhabilite precandidaturas y candidaturas a cargos electivos, para aquellos que se encuentren en proceso judicial con una causa. por actos de corrupción, en sus distintas acepciones, en el ejercicio de funciones en la administración pública y hayan sido condenados en segunda instancia, incluso cuando la misma se encuentre recurrida. Entendemos a esta instancia como un avance suficiente para inhabilitar provisoriamente cualquier candidatura, aún a sabiendas que, de no confirmarse la misma en la instancia final, se podrá recuperar el derecho electoral perdido por quien lo hubiera sufrido; 

Que, en otro orden de actitudes delictivas desarrolladas y cada vez más crecientes en nuestra sociedad, nos encontramos con la violencia de género. En ese sentido, es imprescindible que también se modifique el sistema de selección de candidatos y candidatas para cargos de representación política, con el propósito de limitar la participación de personas que hayan cometido delitos relacionados con la violencia de género; 

Que, violencia de género y sus expresiones más aberrantes, como son los femicidios y el abuso sexual, no sólo no deben quedar impunes, sino que es necesario limitar a sus perpetradores el acceso a cargos de representación o participación política. Las mujeres y las niñas que constituyen las principales víctimas de esta forma de violencia recurrente constituyen los grupos más vulnerables de la sociedad; 

Que, los datos y cifras de la violencia de género son alarmantes y se han profundizado en la actualidad. Las víctimas de la violencia de género merecen una respuesta también política. Es responsabilidad del Estado interferir para garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia, pero también recae sobre las Instituciones políticas la responsabilidad de actuar para prevenir y condenar la violencia de género y esa respuesta también se da en el marco de una dirigencia representativa en las Instituciones, que esté libre de delitos aberrantes como los mencionados; 

Que, alguien podrá alegar, y de hecho algunos de los potenciales involucrados en estas inhabilitaciones lo hacen, que la garantía de presunción de inocencia obsta a establecer esta inhabilitación, cuando la condena penal aún tiene recursos pendientes. Aquí es donde se imponen los innumerables llamamientos en el sentido del Proyecto que se impulsa, por distintas Organizaciones Internacionales y por nuestra propia Constitución Nacional; 

Que, nuestro país, ha receptado ese mandato no solamente a nivel de legislación y administración, sino que ha colocado en la cúspide del ordenamiento jurídico interno, a través de la incorporación en el año 1994 del Artículo 36° en la Constitución Nacional, el cual expresa: “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29°, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este Artículo. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función”. Este mandato constitucional, lejos de ser un anhelo, es una expresa observancia a las normas de conducta que nuestros constitucionalistas le quisieron otorgar a esta temática y por ello su puesta en práctica en el terreno de las concreciones, no admite más demoras; 

Que, hay que resaltar además, que también la Convención Interamericana contra la Corrupción señala, en su Preámbulo, que. “...la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos...” (TREACY, Guillermo, en DALLA VÍA, Alberto Ricardo y GARCÍA LEMA, Alberto Manuel, Nuevos derechos y garantías, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2008, Tomo I, págs. 113 y 114), dichos enunciados están, además, plasmados por la Convención del año 1996, aprobada por Ley Nº 24.759, y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción año 2003, aprobada por Ley Nº 26.097, ambas con rango supra legal en función de lo dispuesto por el Artículo 75° Inc. 22) de nuestra Constitución Nacional; 

Que, es importante sumar a lo ya expresado, que la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su Artículo 23° Punto 2 un mandato en este sentido, con el único recaudo de que exista una condena penal de tribunal competente. No exige que se trate de una sentencia firme; Además de tener presente la regla de interpretación que dice que, no corresponde distinguir allí donde la Ley no distingue, resulta del caso acotar que, cuando la Convención quiso hacer referencia a sentencia firme así lo expresó, como acontece con los Artículos 8° Punto 4 y 10. Ello abona la interpretación de que el Artículo 23° Punto 2 admite la inhabilitación ante una condena proveniente de una sentencia con recursos pendientes de resolución; 

Que, si, en particular, analizamos los términos del Artículo 7° Punto 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el que  establece: “Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer criterios para la candidatura y elección a cargos públicos.”, nos encontramos con la expresa definición basal que se le otorga en la selección de candidaturas dentro del proceso electoral en una sociedad republicana y democrática; 

Que, es entonces, el Estado quién debe ahondar los requisitos para el acceso a las magistraturas públicas, en lo que al riesgo de prácticas corruptas respecta; 

Que, se trata, como podemos observar, de un principio protector que busca sanear el ejercicio de ciertas conductas en el espacio público que se han visto viciadas y que, ante la falta de castigo pronto y terminante, han crecido a niveles estructurales alarmantes, hasta los más altos niveles de decisión en nuestro país. Debemos resaltar en este punto, que las pautas de control y exigencia para quienes se desempeñan en la administración pública en estamentos no electivos están dadas, a través de normativas específicas y de los órganos de control; 

Que, a nuestros representantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, de las distintas jurisdicciones, les cuesta aún avanzar en una normativa que sea clara y contundente, en cuanto a los niveles de tolerancia aceptables para una democracia basada en la ética personal e institucional y que piense en las acciones necesarias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; 

Que, resulta ser un buen comienzo para luchar contra la corrupción y la impunidad en la política, el ir de “abajo hacia arriba”, o sea, comenzar con los Municipios, a partir de la percepción de la demanda ciudadana y exigir a los postulantes a cargos electivos Municipales y, desde allí, a los Provinciales, que quienes deseen ser candidateables a ocupar algún cargo electivo, no hayan sido condenados en ninguna causa por corrupción; 

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 11-12-2020, según consta en Acta Nº 1372 se aprobó el pertinente Proyecto; 

POR ELLO: 

El Concejo Deliberante de la Ciudad de Allen, sanciona con fuerza de 

ORDENANZA

Artículo 1º: ESTABLÉCESE la inhabilitación para ser precandidato/a y/o candidato/a a un cargo electivo Municipal, para las personas condenadas mediante sentencia de Tribunal Colegiado y en segunda instancia por: 

a) Los delitos previstos en los Capítulos I y II del Título IX (Delitos contra la seguridad de la Nación) del Libro Segundo del Código Penal de la Nación. 

b) Los delitos previstos en los Capítulos I y II del Título X (Delitos contra los poderes públicos y orden constitucional) del Libro Segundo del Código Penal de la Nación. 

c) Los delitos previstos en los Capítulos VI (Cohecho y tráfico de influencias); VII (Malversación de Caudales Públicos); VIII (Negociaciones incompatibles con el ejercicio de Funciones Públicas); IX (Exacciones ilegales); IX bis (Enriquecimiento ilícito de Funcionarios Públicos) y XIII (Encubrimiento), del Título XI del Libro Segundo del Código Penal de la Nación. 

d) El delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública previsto en el Artículo 174° Inc. 5) del Código Penal de la Nación. 

e) Los delitos previstos en el Título XIII (Delitos contra el orden económico y financiero) del Libro Segundo del Código Penal de la Nación. 

f) El delito de femicidio, violencia de género o abuso sexual en todas las modalidades previstas en el Código Penal. 

g) Los delitos producto de manifestaciones públicas, actitudes misóginas y/o todas aquellas que puedan encuadrarse en las formas de violencia simbólica de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 5° de la Ley Nacional Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 

h) Aquellos delitos que se incorporen al Código Penal de la Nación o por Leyes Especiales, en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción o cualquier otra ratificada por la República Argentina en la materia. 

Artículo 2º: Los Partidos Políticos que presenten listas para participar de un acto electoral en el ámbito de la Municipalidad de Allen, deberán presentar ante la Junta Electoral Municipal, por cada uno de los y las postulantes individuales, un Certificado de Antecedentes expedido por las autoridades competentes, de manera de acreditar que los mismos no se encuentran comprendidos en las inhabilidades establecidas en el Artículo 1° de la presente. 

Artículo 3º: Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese. 

 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 111/2020.C.D. - Resolución Municipal N° 1611/2020 (28/12/2020) 

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